El Correo de Andalucía – 08/03/2014 – Ismael G. Cabral
Familiares de víctimas del franquismo enterradas en las principales fosas comunes exhumadas reivindican que la recuperación de estos restos y el esclarecimiento de las circunstancias de su ejecución no es una cuestión particular.
Cuatro familiares y profesionales que han participado en la investigación, localización y exhumación de fosas comunes de víctimas del franquismo en el cementerio de San Rafael de Málaga, la finca jerezana El Marrufo, una cuneta en El Álamo –antigua pedanía de El Madroño–, y el camposanto de La Puebla de Cazalla expusieron ayer las vicisitudes y disparidad del apoyo judicial e institucional en el proceso seguido para lograr identificar y enterrar con dignidad a sus antepasados, un proceso que aunque para cada uno de ellos tiene un valor sentimental y emotivo especial, consideran que no es solo cosa suya ni su propio duelo sino «el duelo de toda la sociedad» y una necesidad como país «porque para avanzar hay que afrontar el pasado».
Las jornadas Exhumando fosas, recuperando dignidades, organizadas por CGT, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Sociedad Aranzadi y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, reunió ayer en una mesa redonda moderada por la periodista Olivia Carballar al arqueólogo Andrés Fernández –que dirigió los trabajos de la fosa de San Rafael, en la que durante tres años se recuperaron 2.840 cuerpos con el apoyo económico de las tres administraciones (Gobierno, Junta y Consistorio)–;a Andrés Rebolledo, nieto de uno de las 13 víctimas identificadas entre los 28 cuerpos recuperados en El Marrufo gracias a una exhumación financiada íntegramente por uno de los familiares;a Santiago Fernández, sobrino de uno de los dos ejecutados enterrados en una cuneta de El Álamo, localizados por ellos y exhumados por orden judicial sin apoyo institucional;y a María del Carmen España, nieta de uno de los siete jornaleros de La Lantejuela fusilados y enterrados junto a otros de Morón, Marchena y La Puebla de Cazalla en una fosa común del cementerio de este último municipio, cuya exhumación estuvo paralizada durante años en una maraña administrativa y aún no se ha completado ante la necesidad de retirar nichos superpuestos.
Todos ellos relataron sus diferentes experiencias con los jueces y las administraciones mandatadas por la Ley de Memoria Histórica de 2007 a apoyar las exhumaciones, una experiencia que les hace desconfiar del proyecto de Ley de Memoria Democrática que prepara la Junta con el que, a su juicio, familiares y asociaciones pierden control sobre un proceso en el que, defendieron, su papel es clave en el trabajo previo de recabar testimonios y documentos para poder señalar dónde están las fosas, al tiempo que deja en manos de la Junta la decisión de cuáles se exhuman, cuándo, cómo y para qué. En este punto, recordaron que no todos los familiares optan por sacar los restos, hay quien prefiere mantenerlos pero señalizarlos y rendirles homenaje. Fernández relató cómo en San Rafael se identificaron más de 4.000 cuerpos pero localizaron una documentación que relataba el traslado de casi mil al Valle de los Caídos y otros, «previo pago», pudieron llevarlos a sepulturas privadas, algunos de los cuales han decidido ahora trasladarlos al lugar convertido en un parque en su memoria.
Para Rebolledo, el caso de El Marrufo puede marcar «un antes y un después» porque la cabezonería de las familias pudo más que la reticencia inicial del propietario de la finca y la ambigüedad de la Junta que, recordó, «entonces estaba con la de Lorca donde se fue un dineral y fue un fracaso”. Reconoció la suerte de contar con el respaldo económico de un familiar y el apoyo profesional de los antropólogos, arqueólogos e investigadores que realizaron el proceso porque «teníamos claro que o lo hacíamos bien o para hacer un churro, no abríamos y poníamos un monolito». Un trabajo bien hecho de cuatro años y con un coste mayor de los 240.000 euros que la Junta tiene presupuestados este año para la exhumación de 12 fosas, un ritmo al que el hijo de Santiago apuntó «se tardarán cien años en exhumar todas las fosas de Andalucía». Rebolledo recordó que en su caso aún esperan resolución judicial pero «mi madre tiene 80 años y al menos ha tenido la satisfacción de localizar los restos de su padre y enterrarlos dignamente». En La Puebla de Cazalla, donde la próxima fase de exhumación una vez retirados los nichos comenzará en mayo, María del Carmen se quejó de la tortuosa pelea con las administraciones ya que «el anterior alcalde socialista miró para otro lado» y se negaba a dar los permisos pertinentes. Santiago recordó cómo al hallar los restos del Álamo y ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, el juez ordenó precintar y dio orden de levantar los dos cuerpos encontrados, iniciar la cadena de custodia para su identificación, todo bajo su supervisión.
La clave, coincidieron, es que pese a haber normativas y protocolos , las actuaciones de las administraciones y jueces son muy dispares. Y defendieron la anulación de la Ley de Amnistía porque «los crímenes de lesa humanidad no prescriben».
Foro por la Memoria