El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo nos vamos a incorporar como querellantes a la causa abierta en Argentina contra los crímenes cometidos por la dictadura franquista entre julio de 1936 y junio de 1977. Así lo han decidido directivos de ambas asociaciones en una reunión mantenida con Ana Messuti, abogada del equipo jurídico que lleva en Argentina la querella contra los crímenes franquistas, que el pasado miércoles pronunció una conferencia en la Facultad de Derecho de Algeciras.
Andrés Rebolledo, presidente de ambas organizaciones, ha explicado que la asociación de familiares represaliados será la que ejerza como querellante en el caso de La Sauceda y el Marrufo y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar será el que lo haga en el caso de los fusilados y represaliados en Jimena de la Frontera y en las otras seis poblaciones del Campo de Gibraltar: Algeciras, La Línea, San Roque, Castellar de la Frontera, Los Barrios y Tarifa.
Ambas organizaciones tendremos ahora que nombrar a nuestros representantes en la causa, quienes a su vez deberán firmar ante notario unos poderes para los abogados, que serán quienes los representen en el juzgado argentino que instruye el caso, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires.
Con la información aportada por el foro y la asociación, el equipo de abogados redactará la querella pertinente que junto a los poderes notariales y el resto de la documentación requerida entregarán a la jueza María Servini, titular del citado juzgado.
Andrés Rebolledo ha entregado ya a la abogada Ana Messuti una copia de la denuncia que la asociación interpuso ante el juzgado de Jerez cuando en el verano de 2012 aparecieron los restos de 28 personas fusiladas en el cortijo del Marrufo. Le ha entregado además una copia del auto de archivo dictado por el juzgado jerezano y del recurso interpuesto por la abogada de la asociación contra ese auto. Rebolledo aportó también a la letrada argentina la documentación aportada junto a la denuncia, es decir, informes histórico, arqueológico y antropológico que demuestran el genocidio cometido por las tropas franquistas entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 contra la población que habitaba en el valle de La Sauceda. Los historiadores sostienen que tras el bombardeo de La Sauceda, la entrada de las cuatro columnas franquistas en el poblado y la reclusión de los supervivientes en el cortijo del Marrufo, empezó una represión feroz que acabó con la vida de entre 300 y 600 personas.
El presidente del Foro por la Memoria también ha entregado un ejemplar del libro Y Jimena se visitó de negro, que contiene la investigación realizada por el historiador algecireño José Manuel Algarbani sobre los crímenes cometidos por las tropas franquistas, una vez que entraron en Jimena de la Frontera el 28 de septiembre de 1936. Figura en esa documentación un listado con el nombre, la edad y la profesión de 98 personas fusiladas. Incluye además ese estudio listados de los jimenatos que sufrieron penas de cárcel, trabajos forzados o reclusión en campos de concentración.
A este listado, el foro hará llegar otro, también elaborado por Algarbani, en el que aparece una relación de 555 fusilados en el Campo de Gibraltar. En este listado se ofrece información sobre el nombre, la edad, el lugar de nacimiento, el domicilio, la profesión y la fecha y el lugar de fusilamiento. Esta relación de ejecutados se ha hecho con las personas sobre las que existe constancia documental del motivo de su muerte, y ha sido elaborado por Algarbani tras investigar en diferentes archivos oficiales. El historiador asegura que es un listado abierto al que se van a seguir incorporando nombres y calcula que la cifra total de ejecutados por las tropas franquistas en la comarca ronda el millar de personas.
La causa 4591/10 por delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 se instruye en Argentina desde abril de 2010. Darío Rivas, un gallego de 93 años de edad, fue el primero en reclamar justicia para su padre en el juzgado argentino. Desde entonces se han sucedido las incorporaciones a la causa de más querellantes y hoy en día ya hay unos 235, entre personas y asociaciones, que han aportado testimonios y pruebas de los crímenes cometidos contra sus familiares.
Foro por la Memoria