“La causa abierta en Argentina con las querellas contra los crímenes franquistas es ya un proceso irrefrenable”. Lo dijo Ana Messuti, abogada del equipo jurídico que asiste a las víctimas querellantes, en la conferencia que pronunció el jueves 7 de noviembre en el aula magna de la Facultad de Derecho de Algeciras. En un salón lleno de un público tan heterogéneo como atento, Messuti se mostró convencida de que este proceso dará sus frutos. Afirmó que el Gobierno español acabará concediendo la extradición para tres ex funcionarios de seguridad de la dictadura acusados de torturas que acaba de solicitar la jueza argentina que instruye el caso. No hacerlo supondría violar la legislación internacional y los convenios bilaterales firmados por España con Argentina, recordó Messuti.
La abogada explicó que esas extradiciones serán el principio de un proceso que es imparable y cuyo primer fruto fue la orden internacional de detención contra esas mismas personas, que ya pueden ser arrestadas en cualquier país del mundo para ser llevadas ante la justicia del país latinoamericano. Las órdenes las firma la jueza María Servini, quien instruye en el Juzgado Nacional Número 1 de Buenos Aires la causa 4591/10 por delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
La abogada recordó que todo empezó con la querella que el 14 de abril de 2010 presentó en un juzgado de Buenos Aires Darío Rivas, hijo de un alcalde socialista de un pequeño pueblo de Lugo fusilado en 1936 por las tropas de Franco. Darío viajó con 9 años solo hasta la Argentina, donde lo esperaba un tío suyo. Hoy tiene 93 años y aunque tardó décadas en volver a su tierra natal, nunca olvidó a su padre y jamás renunció a la idea de que se hiciera justicia con él.
Messuti explicó que tres años después de aquella fecha emblemática de 2010 ya hay unos 235 querellantes, entre personas y asociaciones, que han aportado a la causa el testimonio de los crímenes cometidos contra sus familiares.
La abogada, que también sufrió el exilio pues fue perseguida por la dictadura militar argentina en los años setenta, es doctora en Derecho y durante años ha ejercido la docencia. Por eso, en la Facultad de Derecho, mezcló los detalles de todo el proceso con nociones de derecho internacional y positivo, de interés para los estudiantes algecireños que asistían a su conferencia.
Messuti confesó que la jueza María Servini intentó librarse del caso y como el fiscal tampoco acusó, los abogados del querellante presentaron un recurso para rebatir los argumentos del Gobierno español que la jueza usó para intentó dar carpetazo. Los abogados demostraron que en España no se están investigando los crímenes de la dictadura franquista y que la Constitución y la legislación argentina garantizan a las víctimas que los tribunales perseguirán, en aplicación del concepto de justicia universal, los crímenes de lesa humanidad.
Los abogados tuvieron también que rebatir el argumento de la jueza que intentó impedir que prosperara la incorporación a la querella de las dos siguientes personas: que no eran familiares directos de las víctimas. Los abogados recurrieron y el tribunal de apelación, amparándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos, entendió que sí era posible porque el concepto de víctima es ampliable no solo a las personas que sufren los delitos sino a sus familiares directos y a todos aquellos familiares que puedan probar su parentesco. Desde entonce el goteo de querellantes ha sido casi incesante y hoy por fin, en palabras de la abogada, Argentina devuelve a España el favor que éste país le hizo al primero cuando se juzgaron los crímenes de la dictadura de Videla que en aquel país no pudieron ser perseguidos durante 22 años mientras estuvieron en vigor las leyes de punto final y obediencia debida, por fin derogadas con la llegada al poder en 2003 de Néstor Kirchner.
En respuesta a la pregunta de uno de los asistentes a la conferencia, Anna Messuti se mostró convencida de que, al igual que en Argentina la impunidad de los criminales de la dictadura empezó a romperse, entre otras cosas, por los juicios que contra algunos de ellos hubo en España, también en España, gracias al proceso abierto contra algunos de ellos en Argentina, se empezará a romper la impunidad de los criminales franquistas que la Justicia española protege escudándose en Ley de Amnistía de 1977.
La abogada explicó que actualmente existe una Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que agrupa a querellantes y asociaciones de toda España, que los parlamentos vasco, catalán y andaluz han expresado su apoyo a la misma, al igual que lo han hecho cien ayuntamientos y el Congreso Federal de Diputados de Argentina en una declaración solemne. Messuti explicó que derecho y sociedad se alimentan en una dialéctica que hace avanzar a ambos y por eso expresó su confianza en que al final, triunfará la justicia. “La confianza y la fe en el derecho a mí me lo dan las víctimas. Quienes más conocen lo que es la justicia es quienes han sufrido la injusticia”, concluyó.
La abogada Ana Messuti recibió un caluroso aplauso de las personas que abarrotaban el aula magna y recibió un pequeño obsequio de manos de Jesús Verdú, director de la Facultad de Derecho y profesor de derecho Internacional en al misma. Verdú fue al principio el encargado de presentar a la abogada argentina y lo hizo con una brillante exposición en la que expresó su confianza en el principio de justicia universal. “A veces se dan pequeños avances que te hacen renovar la confianza en el derecho. Uno de ellos fue la detención de Pinochet en Londres. Aquello fue para mi una alegría mayúscula, una satisfacción inmensa que experimenté como jurista y como persona porque se rompió el principio de inmunidad absoluta de un jefe de Estado”. Recordó que en los años 90 los tribunales españoles, con los casos de Argentina, Chile o Guatemala lograron grandes avances en el concepto de justicia universal. Y lamentó que en estos últimos años se ha dado una gran involución para reducir el alcance de la justicia universal en España. Y así se da la paradoja que un país que persiguió crímenes de lesa humanidad en otros lugares del mundo sea incapaz de hacerlo con los cometidos en su propio territorio.
Foro por la Memoria