Los crímenes de La Sauceda y El Marrufo llegan al juzgado, 76 años después

ApuntaNoticias- 27/07/2012 – J.M. León Moriche

Setenta y seis años después, los crímenes de La Sauceda y El Marrufo llegan al juez. Andrés Rebolledo Barreno, nieto y sobrinonieto de desaparecidos, y posiblemente fusilados en El Marrufo, presentó el jueves 26 de julio en el juzgado de instrucción número uno de Jerez una copiosa documentación. Suficiente para que el juez investigue, si quiere, uno de los episodios más sangrientos de toda la represión franquista desatada en España a partir del verano de 1936. Entre 300 y 600 habitantes y refugiados en el valle de La Sauceda pudieron morir fusilados en el vecino cortijo de El Marrufo, muchos, después de ser torturados.

Como familiar y como presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la Represión Franquista en La Sauceda y El Marrufo, Rebolledo ha entregado en el juzgado una lista de personas desaparecidas en aquella zona en 1936 y otra de sus descendientes y familiares que quieren saber dónde están, qué les pasó y que piden justicia para ellos.

Acompañado por la abogada sevillana Rocío Mendoza, por el investigador Luis García Bravo y por el arqueólogo Juan Luis Castro, Andrés Rebolledo ha entregado también un informe arqueológico y otro antropológico-forense de los cuatro esqueletos que se hallaron el verano pasado en las prospecciones previas a la excavación que se está desarrollando este verano en el cortijo jerezano. Ha adjuntado otro informe arqueológico y antropológico-forense de los restos de los 19 cuerpos que se han hallado en la campaña de excavación empezada el pasado 2 de julio. Y también un reportaje fotográfico y una amplia documentación histórica de lo que sucedió en La Sauceda y El Marrufo entre noviembre de 1936 y abril de 1937.

Acompañan la denuncia una argumentación de por qué cree la citada asociación que hay que investigar tras el hallazgo de las evidencias de muerte con violencia sucedidas en El Marrufo: Son crímenes de lesa humanidad que violan toda la legislación internacional, son crímenes de guerra contra la población civil y crímenes contra los derechos humanos. “En virtud de los convenios internacionales que España tiene suscrito, estos crímenes no prescriben. Lo que nosotros querríamos es que el juez se presentase en El Marrufo y abriera una investigación. Pero si el juez decide no investigar, como ya viene siendo habitual en estos casos, nosotros presentaremos las denuncias correspondientes donde haga falta, sea en Ginebra, en La Haya o en Naciones Unidas”, afirma Andrés Rebolledo.  El presidente de la asociación de familiares anuncia que también van a ponerse en contacto con la jueza argentina que ha abierto una investigación de los crímenes del franquismo. Le pasarán toda la información necesaria y se pondrán a su disposición para que la investigación prospere.

Tras presentar la denuncia en el juzgado de Jerez, familiar, abogada, arqueólogo e investigador se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil de la misma ciudad. Allí les tomaron una breve declaración pero les dijeron que El Marrufo es jurisdicción del puesto del instituto armado en Ubrique. Una pareja de guardias del citado puesto se presentó en las excavaciones a primera hora de la tarde. Allí tomaron fotografías de los esqueletos que están en las fosas, escucharon las explicaciones de los responsables de la excavación y se marcharon para hacer un atestado.

Andrés Rebolledo y Jesús Román, arqueólogo jefe de la excavación, afirman que si el juez decide que no investiga, el mismo lunes comenzará el levantamiento de cadáveres. Empezarán por los que ya están completamente aflorados y luego se continuaría por los de aquellos de los que tan solo se han excavado algunas partes del esqueleto. En cada caso se abrirá un expediente individualizado para que los antropólogos forenses hagan una ficha exhaustiva con toda la información que cada cuerpo aporte: desde el lugar donde ha sido hallado, hasta el sexo, la causa de la muerte y la toma de muestra de ADN de cada uno.

El presidente de la asociación de familiares afirmó: “Hemos dado un paso importante al presentar la denuncia judicial 76 años después de los asesinatos de los que fueron víctimas nuestros familiares. Este día es importante porque se ha empezado a mover la maquinaria de la justicia, porque nuestro objetivo es conseguir que se haga justicia y que se rescate del olvido a aquellas víctimas inocentes, que merecen la dignificación de su memoria”.

El arqueólogo director de la excavación, Jesús Román Román, informó de que hasta el momento se ha emprendido el trabajo de exhumación en cuatro fosas. En la primera de ellas se han localizado diez cuerpos, dos en la segunda, entre siete y nueve en la tercera y dos en la cuarta.

Es voluntad de la asociación dar después una sepultura digna a cada cuerpo en el cementerio ahora abandonado de La Sauceda. La asociación está en trámites con el Ayuntamiento de Cortes, del que depende aquella zona, para comenzar las obras de restauración del cementerio.

Los trabajos en la excavación se organizan en turnos de diez personas, entre arqueólogos, antropólogos forenses y estudiantes de arqueología desde el pasado 1 de julio. A ellos se acaban de sumar cinco voluntarios, todos ellos estudiantes de Historia en la rama de Arqueología, y a principios de agosto se sumarán otros veinte.

Está previsto que estas actuaciones arqueológicas se prolonguen durante todo el verano, dado el elevado número de restos humanos que se supone que fueron enterrados en este cortijo, que fue ocupado a comienzos de noviembre de 1936 por cuatro columnas sublevadas en una acción combinada. Previamente, La Sauceda y El Marrufo se habían convertido en el último lugar de resistencia republicana, como refugio de cientos de familias residentes y de otras muchas procedentes de distintos pueblos de los alrededores (Jimena, Cortes, Algar, Alcalá de los Gazules, San José del Valle, Ubrique), que huían del avance de las tropas rebeldes. Tras ser tomado, El Marrufo se convirtió en un acuertelamiento al mando del jefe de la Guardia Civil de Ubrique, José Robles, que hizo de esta finca un centro de detención, tortura y fusilamientos. La combinación de testimonios orales de descendientes de las víctimas y de investigaciones de archivos indican que en este lugar pudieron ser fusiladas sin formación de causa más de 300 personas entre principios de noviembre de 1936 y finales de febrero de 1937.